El Padre Gatica

Finalizada la primera vuelta, se ha iniciado la campaña del terror, propuesta por una de las partes en esta contienda, una vez más con la complicidad de ciertos medios de comunicación tendenciosos.

A través de esta campaña pretenden hacernos creer que en el balotaje que se avecina los ecuatorianos tenemos que decidir entre el capitalismo y el comunismo, entre Dios y el diablo, disyuntiva paranoica destinada a polarizar, a infundir temor y que sólo existe en el imaginario de los brillantes asesores electorales del señor Noboa.

En primer lugar, Álvaro Noboa Pontón no es el paladín del libre mercado que dice ser, defensor de la libertad económica y de la apertura comercial. No lo es porque a la hora de defender la fuente de su poder político y económico, es decir el conglomerado empresarial heredado de su padre, ha recurrido a la depredación jurídica y económica de sus competidores, entre otros los pequeños y medianos productores bananeros.

La depredación jurídica y económica son conductas contrarias a la libre competencia, reconocidas y sancionadas en legislaciones modernas, propias de países en los que sí se puede hablar de real liberalidad económica, países en los que los monopolios y oligopolios no son deseables, pero que si de hecho existen requieren regulación estatal. De ello parece estar conciente el señor Noboa, de allí su intención de reducir el estado a su mínima expresión.

Si el señor Noboa entendiera de verdad los alcances del libre mercado y de la libre competencia, me temo que no defendería tanto la libertad que propone. Lo hace porque nunca ha competido en igualdad de condiciones, de hecho repudia dicha forma de competir, por eso es el único candidato que, vulnerando la ley, a vista y paciencia de las autoridades electorales, ha sobrepasado el gasto electoral permitido, obteniendo así una ventaja ilícita por sobre sus demás oponentes.

Si Noboa fuera el titán de la libre competencia que dice ser, pagaría a sus empleados sueldos dignos, e intentaría crear en sus empresas un ambiente laboral que incentive su productividad. Por el contrario, conocida en el mundo entero es la precariedad de las condiciones en las que emplea a su gente, abusando del trabajo infantil, vulnerando no sólo la legislación laboral vigente, sino principios mínimos de humanidad.

La liberalidad económica persigue que todos aquellos que quieran realizar una actividad económica lícita puedan hacerlo, pero con respeto a las leyes, al derecho ajeno y sin el empleo de conductas destinadas a destruir a la competencia mediante acciones ilegítimas o inmorales. No entender, no aplicar este principio, es simplemente no respetar la libertad económica y la libre competencia.

En segundo lugar, el señor Correa no es el comunista “come guaguas” que intentan pintar sus oponentes. El señor Correa propugna y defiende una economía social de mercado, es decir aquella en la que todos los actores de la economía intervienen en pie de igualdad, en la que el estado juega un rol subsidiario vigilante y en la que tienen relevancia no sólo consideraciones meramente económicas sino también sociales, culturales y ambientales.

Un sistema económico con reglas de juego claras para todos, reglas que favorezcan la competitividad y la inversión extranjera verdadera, es decir aquella que realmente inyecte capital fresco a nuestra economía y no los denominados capitales golondrina

Una economía generadora de empleo, no de cualquier tipo, sino de un trabajo digno, que realmente sea capaz de dar lugar al efecto multiplicador, es decir que incentive la demanda por bienes y servicios y con ello la producción. Empleos que permitan ahorro previsional, que asegure a nuestros trabajadores acceso a la salud y pensiones dignas al momento de jubilar.

Una economía que tienda a una mejor distribución de la riqueza, a través del empleo de una política tributaria eficiente, cuyo acento se ponga en frenar las diversas formas de evasión. La adecuada recaudación de tributos permitirá que el Estado pueda llegar no sólo a los más desfavorecidos mediante la construcción de hospitales y escuelas, sino también a los no tan desfavorecidos, a través de la construcción carreteras y puertos que permitan a nuestros pequeños, medianos y grandes productores poner sus productos al servicio del mercado interno y externo de manera más eficiente.

Es decir un modelo que genere las condiciones que favorezcan la reconstrucción de los distintos sectores de la economía y que nos permita, no ahora sino a futuro, negociar en mejores condiciones eventuales tratados de libre comercio con países como Estados Unidos, o con bloques como la Unión Europea o la APEC. El tránsito de nuestro país hacia estos foros comerciales por cierto que debe tener lugar, pero para nuestra propia desgracia y por culpa de todos nosotros, no puede tener lugar en las condiciones en las que nos encontramos, con un aparato productivo que con escasas excepciones se encuentra destruido.

El supuesto comunismo del que hablan Noboa y sus asesores, con el que nos pretenden amedrentar y dividir es tan falso como la supuesta defensa del libre mercado con la que hinchan sus pechos y se llenan la boca. Esto me recuerda el caso del padre Gatica, el cura que predica pero no practica.

INSTITUCIONALIDAD FRACTURADA

En el último tramo de la campaña electoral la discusión acerca de la necesidad de modificaciones a la Constitución a través de una asamblea constituyente o de una consulta popular ha adquirido cierta resonancia en los medios. Ello porque quienes la plantean como oferta política son los dos candidatos que hasta las últimas encuestas aparecían con más opciones de entrar al palacio de Carondelet.

Lo anterior muy a pesar de ciertos grupos políticos tradicionales, los que en razón de su elevado espíritu democrático y su supuesto respeto a la Constitución, se han negado a admitir dicha posibilidad aduciendo razones de forma que, en la lógica estrictamente jurídica, parecen razonables.

La Constitución Política de un Estado es el conjunto superior de normas jurídicas que principalmente regula el ejercicio del poder político y la organización estatal en diversas instituciones, a través de las cuales dicho poder se ejerce para la satisfacción de necesidades públicas.

En cuanto norma fundamental la Constitución impone su supremacía en dos aspectos. Primero, en el hecho de que toda autoridad, toda institución, todo individuo, debe someter sus acciones a la Constitución. Segundo, en cuanto las normas jurídicas que conforman el ordenamiento jurídico deben estar subordinadas a la Constitución, y las reformas al texto constitucional sólo pueden tener lugar dentro de los marcos y en las formas que esta misma establece.

Hasta aquí, lo que la ortodoxia constitucional dispone. Pero, ¿qué ocurre cuando es manifiesto que ese orden constitucional, anunciado en su oportunidad con bombos y platillos, dispone formas de organización defectuosas, que han traído como consecuencia la decadencia de las instituciones políticas por ella establecidas y, por tanto su incapacidad para satisfacer las necesidades públicas para las que fueron establecidas?

¿Qué ocurre cuando además el mecanismo para la corrección de los defectos del orden constitucional requiere para ser aprobado del visto bueno de una de estas instituciones políticas ineficaces?

¿Debemos, a pretexto del principio de supremacía constitucional, mantener en pie un sistema político que comprobadamente ha generado ingobernabilidad, inestabilidad, corrupción, distorsión económica, inseguridad jurídica, pésima distribución de la riqueza, pero que por sobre todo ha sido semillero de ladrones?

Razones sobran para afirmar que tenemos una Constitución fracturada por los acontecimientos del último tiempo. Basta recordar que en estos años hemos presenciado un desfile de rostros por Carondelet y que, para poder prodigarnos ese magnánimo grupo de ilustres estadistas, nuestra irresponsable clase política quebrantó sin asco la institucionalidad que hoy algunos de ellos dicen defender en razón de su notable espíritu democrático y de formalismos que se sustentan en un constitucionalismo falaz.

La reforma constitucional aparece entonces como una tarea urgente y en la que deben comprometerse genuinamente todos los sectores sociales, dejando de lado cálculos electorales, vanidades personales y odiosidades, a fin de que la discusión y definición de un nuevo sistema político sea el corolario de una actividad concertada, elevada y patriótica.

Sólo así podrá tener lugar un cambio efectivo, quirúrgico y preciso, capaz de extirpar de nuestro sistema político los vicios que el actual texto constitucional ha consagrado y que se encuentran escondidos en artículos e incisos crípticos, ambiguos y que han dado suficiente espacio para que los políticos tradicionales perpetúen sus espacios de poder.

Asamblea constituyente, consulta popular, proyecto de modificación de la constitución, cualquiera sea el camino elegido para reformar el sistema político, este volverá a fracasar si la clase política del Ecuador no se depura, si no madura y entiende que el éxito o fracaso del próximo gobierno será el éxito o fracaso de todos los ecuatorianos.

LOS MEDIOS Y LAS ELECCIONES

Los medios de comunicación, sobre todo la televisión y aquellos de difusión electrónica, han logrado masificarse a tal punto, que la información llega a todos los rincones del país y del mundo, y a una mayor cantidad de personas de manera casi instantánea.

Lo anterior hace que la práctica de las actividades vinculadas a los medios, en particular el periodismo, deba realizarse necesariamente de manera estricta, rigurosa y profesional, debido a la creciente influencia que por estos días tiene en la formación de la opinión pública.

No obstante, pareciera que el desarrollo de las tecnologías de difusión de la información, no ha sido correspondido con un mayor profesionalismo por parte de quienes ejercen la función periodística y sobre todo de quienes tienen el control de los medios de comunicación.

Esto se ha podido observar con claridad en el último tramo de la campaña electoral, en la que los medios informativos con pocas excepciones, han cubierto las actividades de los candidatos con displicencia, como si no importara. Tal es así, que un medio de difusión capitalino en su versión online, no hizo mención alguna respecto de la realización del debate presidencial y menos aún anunció que podía ser visto por quienes viven en el extranjero a través de las pantallas de CNN en español.

Asimismo, diversos medios de comunicación, particularmente una radio guayaquileña, también en su versión online, se ha dedicado sistemáticamente a tergiversar las declaraciones de los candidatos. En esto último, la mano ha caído con más peso sobre uno de los candidatos, tal vez porque lidera las encuestas y ello molesta a sus titulares, tributarios de intereses mezquinos.

Lo señalado llama la atención y preocupa, pues tales medios, tanto el diario capitalino como la radio guayaquileña, a través de sus formatos online, son los medios que gozan de mayor aceptación por parte de los miles de ecuatorianos que residen en el extranjero, razón por la cual informar acabadamente de todo cuanto tiene que ver con el proceso electoral es su responsabilidad social y moral, más aún, cuando por primera vez en nuestra historia republicana miles de compatriotas residentes en el exterior van participar con su voto y exigen información objetiva, veraz y oportuna.

Connotadísimos columnistas y colaboradores de distintos medios, se han rasgado las vestiduras al escribir sobre lo poco que han dicho los candidatos en sus campañas respecto de temas relevantes como el desempleo, la dolarización, las relaciones internacionales, entre otros. No pretendo afirmar que todos los candidatos hayan efectivamente realizado propuestas claras en relación a esos y otros temas. Pero incluir a todos los candidatos en ese saco, es una manifestación de desinformación por parte de quienes hacen tal afirmación, lo que da cuenta de una escasa acuciosidad investigativa, propia de un mal profesional del periodismo, o bien esconde tras de sí un intento velado de desinformar a la opinión pública, lo que ya no sólo es profesionalmente reprochable, sino que éticamente inaceptable. Ni hablar entonces de las ocasiones en que se han sacado de contexto las declaraciones de alguno de los candidatos, pretendiendo burdamente confundir a la opinión pública.

No sólo los políticos deben estar bajo el escrutinio público, sino también, aquellos que desde sus trincheras y tribunas periodísticas escriben e informan irresponsablemente respecto de lo que hacen, dicen, dejan de hacer o decir los candidatos presidenciales.

En tiempos en los que el acceso a canales informativos se ha masificado, el ejercicio de la actividad periodística debe ser rigurosa, objetiva, profesional, pero sobre todo independiente de los poderes fácticos que desde las sombras han desolado al país y defraudado a su gente.